La Policía no solicitó investigar los explosivos del 11-M a la Fiscalía
Dados los términos en que se desarrolló la conversación y "la carencia de datos" en los que fundamentar la investigación, que tampoco fueron facilitados con posterioridad, Conde-Pumpido asegura que "no se iniciaron actuaciones concretas en la Fiscalía", no "se interesó formalmente por la autoridad policial la intervención del Ministerio Fiscal ni se formuló petición alguna en orden a la práctica de registros domiciliarios u observaciones telefónicas".
Agencias/diarioDirecto
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha indicado que la Fiscalía no llegó a investigar la trama asturiana de explosivos, de donde salió la dinamita utilizada para los atentados de Madrid del 11 de marzo, porque la Policía nunca lo planteó formalmente.
Así responde a la carta que le envió el coordinador general de IU y miembro de la comisión del 11-M, Gaspar Llamazares, interesándose por la actuación del Ministerio Fiscal con destino en la adscripción de Avilés (Asturias) en relación con la investigación llevada a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil del Principado a principios de 2003 sobre tráfico ilícito de explosivos.
El fiscal general explica, en otra misiva, que en los primeros meses del 2003 el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo se estaba entrevistando por otro asunto con miembros de la Fiscalía de Avilés y comentó "de manera informal las líneas generales de una investigación incipiente sobre tráfico de explosivos", pero "sin comentar los detalles de la misma".
Se refería a los seguimientos que se habían efectuado en Avilés a Antonio y Carmen Toro, procesados por la trama de explosivos del 11-M, después de que el confidente de la Guardia Civil y también implicado en la causa, Rafá Zohuier, advirtiera de que conocía a alguien en Asturias que quería vender explosivos robados.
Los aspectos de esa investigación, añade la carta, "quedaron diferidos a una posterior visita de dicho mando o, en su caso de sus subordinados a la sede de la Fiscalía, visita que no llegó a realizarse".
Dados los términos en que se desarrolló la conversación y "la carencia de datos" en los que fundamentar la investigación, que tampoco fueron facilitados con posterioridad, Conde-Pumpido asegura que "no se iniciaron actuaciones concretas en la Fiscalía", no "se interesó formalmente por la autoridad policial la intervención del Ministerio Fiscal ni se formuló petición alguna en orden a la práctica de registros domiciliarios u observaciones telefónicas".
No basta con información genérica
Según recalca el fiscal general, este tipo de diligencias, además de exigir autorización del juez de instrucción, son actuaciones que por afectar a derechos constitucionalmente protegidos requieren una motivación suficiente. Por lo tanto, agrega, no basta una "información genérica e inconcreta como la que se facilitó en aquel momento".
Insiste en que después de aquella conversación informal, la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias no dirigió comunicación verbal o escrita en relación con esta materia ni a los miembros del Ministerio Fiscal destinados en la Adscripción de Asturias ni al fiscal jefe del Ministerio Fiscal en el Principado.
Tras expresar su interés en "facilitar" la labor de la comisión de investigación sobre el 11-M y "agradecer" el trabajo que están realizando "en interés de toda la sociedad", Conde-Pumpido manifiesta su deseo de que esta carta "aclare debidamente" las cuestiones planteadas por Llamazares.
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