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El reglamento de Caldera
Antonio Casado
17/09/2004
La situación de los inmigrantes es explosiva desde el punto de vista legal. El ministro Caldera, que hasta ahora había trabajado en silencio, ha elaborado un borrador de reglamento con el nada fácil propósito de conseguir que la vigente Ley, sucesivamente modificada, se aplique de una vez por todas. Se trata de normalizar a los llamados ilegales. Por la vía del arraigo laboral. Es decir, vinculando la normalización al hecho de que el inmigrante ya tiene un puesto de trabajo pero sigue sin papeles. Supone un coste público para el sistema sanitario o el educativo –derechos universales-, pero no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social aunque los empresarios los necesitan y, si la mano de obra es barata, mejor que mejor.
Seiscientos mil trabajadores extranjeros están en España en esa situación. No pueden ir a legalizarse a la Administración porque carecen de permiso de residencia al haber entrado ilegalmente en nuestro país. Y si van, los expulsan. Así que no van, pero siguen trabajando mientras el empresario mira hacia otro lado. Y esa es una situación absurda. El Ministerio de Trabajo, al habla con sindicatos y organizaciones empresariales, se propone aprobar un conjunto de normas que permitan poner el cuentakilómetros a cero después de un periodo transitorio en el que, obviamente, se va a facilitar la legalización de esos miles y miles de inmigrantes. Una vez coronada la tarea, no queda otra que aplicar la Ley, con todas sus previsiones de contratos en origen, expulsión de ilegales, fijación de cupos por sectores y por países, etc.
El periodo transitorio está por decidir. Caldera busca un acuerdo con sindicatos y empresarios para fijar ese plazo. Contempla multas y pago de deudas a la Seguridad Social o Hacienda por parte de los empresarios que hayan mantenido trabajadores ilegales. Es voluntad del Ministerio ser muy flexibles, dar todo tipo de facilidades e incluso hacer la vista gorda en algunos casos, porque lo prioritario es acabar con una situación absurda que, en realidad, no es querida por nadie. Ni por los empresarios que, en su inmensa mayoría, quieren funcionar dentro de la ley.
El sentido común se ha visto atropellado por una polémica donde el PP lleva la voz cantante. Eso es convertir el asunto en campo de confrontación política. Mal hecho. Entre otras cosas porque cuando gobernó no hizo los deberes y ocultó el desbordamiento de previsiones en materia de cupos. Estaban previstos 30.000 trabajadores con contratos laborales formalizados en origen y llegaron 600.000. De forma ilegal pero encontraron trabajo. Ahí están. El Gobierno del PP se dio cuenta y no hizo nada. Su ley, la que no aplicaba, es la que quiere aplicar ahora el Gobierno socialista. ¿Qué hay de malo?
OTR/PRESS
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