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Dos no, si uno no quiere
Carlos Carnicero
16/09/2004
La Ley del Divorcio, impulsada por el ministro Francisco Fernández Ordóñez en los primeros años de la transición política española, fue una auténtica revolución en las costumbres de los españoles, que estaban, hasta ese momento, atados de por vida a una decisión capital adoptada, en la mayoría de los casos, en los años de su juventud. Solo quienes tenían entonces medios e influencias para acogerse a la picardía de los vericuetos del Tribunal de la Rota podía disolver el matrimonio canónico, utilizando los trucos que la propia Iglesias dejaba abiertos para los casos que quisiera solucionar.
Más de veinticinco años después, las cautelas y la prudencia que tuvieron que regir la ya vieja ley del divorcio, se había convertido en un nuevo corsé para las costumbres renovadas de la sociedad española. La lentitud de los trámites y el exceso de reservas que impone el procedimiento actual es, en no pocos casos, un purgatorio prolongado que facilita una crispación que no es ajena a muchas de las actitudes machistas que se esconden detrás de la violencia de género que sacude la sociedad española.
El PSOE ha tomado la iniciativa de simplificar los trámites y agilizar los procedimientos. A partir de la aprobación de esta nueva ley, dos no pueden obligarse a estar juntos, si uno no quiere. Así de sencillo. Lo que debe cuidar la nueva ley y deberá ser vigilado en el procedimiento parlamentario es la protección de los hijos y la proporcionalidad en las obligaciones que hay que mantener y que se deriven de la naturaleza especifica de cada matrimonio. Con esos parámetros precisos, un procedimiento rápido al que no se puedan oponer más que en la exigencia del respeto de los compromisos el juez o la otra parte, es en buena medida la solución para desdramatizar los divorcios que son una realidad de la sociedad contemporánea.
Hay dos formas de contemplar el divorcio de un matrimonio: como un fracaso con secuelas permanentes o la simple interrupción de un contrato libremente adoptado por dos personas cuando una de ellas, por lo menos, no quiere mantenerlo. Preservar los derechos de las partes y agilizar los procedimientos es la única responsabilidad de la ley.
OTR/PRESS
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