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Una política hipócrita para la inmigración
Ernesto Carratalá
08/09/2004
Es un ejercicio permanente de hipocresía el que una parte muy importante de la sociedad española está llevando a cabo con los inmigrantes. Una hipocresía que no se merecen la gran mayoría de esos extranjeros que han establecido su residencia en nuestro país para ganarse la vida honradamente. El problema no tiene que ver con actitudes xenófobas ni de rechazo al fenómeno migratorio que actualmente vivimos, sino que viene de lejos. Es una cuestión de picaresca en la que tiene mucho que ver la actual regulación del mercado laboral de este país.
Endeudándose hasta las cejas, esos inmigrantes, de manera dramática en algunos casos, como son los de origen africano, o algo más cómoda como ocurre a los que proceden de América y el Este de Europa, llegan aquí y se buscan la vida. Como resulta que para ellos no es difícil ya que han desarrollado un extraordinario instinto de supervivencia, salen adelante de las maneras más inverosímiles: desde la prostitución hasta actividades propias de ejecutivos de clase media, pasando por los vendedores del “top manta”, albañiles, domésticos y un largo etcétera. Todo es posible en un mundo en el que lo importante es reunir un dinero para poder enviarlo periódicamente a su país.
Y ahora, que está próxima la aprobación del Reglamento que desarrolla la última Ley de Extranjería aprobada por el gobierno del PP, vuelve a surgir la eterna polémica de siempre. La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, ha destapado la caja de los truenos al insinuar la posibilidad de “abrir la mano” a aquellos extranjeros que puedan demostrar que llevan viviendo en este país desde hace tiempo y que trabajan de una forma regular. Y todos ponen el grito en el cielo argumentando que tal anuncio generará el “efecto llamada”, y que los empresarios que tienen a su servicio inmigrantes de forma irregular no van a colaborar porque se exponen a ser sancionados, etc. Todo un ejercicio de hipocresía.
Abrir la mano no significa otra cosa que desarrollar, de la manera mas amplia posible, todas las oportunidades que confiere la Ley, que son muchas. De todos es sabido que las limitaciones del mercado de trabajo en España producen efectos perniciosos los cuales no sólo perjudican a los trabajadores de este país que intentan ganarse la vida honradamente, sino también a los inmigrantes que quieren acceder a un permiso de trabajo que les dará derecho a la obtención de la residencia.
La propuesta es sencilla. En el nuevo reglamento se debe contemplar la posibilidad de que el INEM dé el visto bueno a un contrato laboral de un no residente sin necesidad de comprobar que el puesto de trabajo que ocupa puede ser desempeñado por un nacional en paro. Esa es la clave de todo el problema.
Si revisamos las estadísticas de las oficinas públicas de colocación podremos comprobar que, en la casi totalidad de permisos de trabajo y residencia rechazados en las delegaciones de Gobierno se argumenta que el puesto de trabajo que ocupa el solicitante lo puede desempeñar un Español, “y en esta Oficina Pública de Empleo existen X. demandas de españoles para dicho puesto de trabajo”. Nada que objetar si en este país no supiéramos quienes ocupan las listas de parados, con o sin derecho a prestación. Y a modo de ejemplo, un caso del que tengo constancia personal. En una oficina del INEM de una localidad madrileña, una mujer cobra, desde hace cuatro años, la ayuda familiar por desempleo. Demanda un puesto de trabajo como técnico de moda. Su marido es un empresario que posee un restaurante en la localidad donde reside. Ello quiere decir que su declaración de ingresos es exigua porque parte de los mismos la percibe en dinero negro. Por todo ello, aparentemente, esa persona tiene derecho a la prestación.
Cuando en el INEM la llaman para que acuda a una selección para el empleo requerido alega, mediante certificado médico, “una alergia transitoria a los tejidos que la impide desarrollar su trabajo con normalidad”. Esa persona, además de defraudar al INEM y, por lo tanto a todos los españoles, cierra el paso a la colocación de un inmigrante que puede aspirar a ese trabajo. Y como el caso de esa mujer cientos de miles de “parados” en este país. Lo dijeron los sindicatos cuando convocaron la última huelga general, la del 20 de junio de 2002. La reforma del PP para acabar con el fraude no ha servido para nada. La picaresca en las oficinas públicas de colocación sigue funcionando. ¡Y de qué manera! Nadie quiere trabajar en la construcción, ni limpiar jardines, ni ser empleada/o de hogar. Los camareros de temporada exigen sueldos que no los ganan ni los cuadros medios de las empresas. Alguien se ha vuelto loco. Y así no hay quien mantenga ese nivel de vida. ¿Cual es la solución? Para los empresarios la cosa está muy clara. Aunque haya que pagar a un inmigrante la seguridad social y los impuestos, es preferible su contratación porque sus aspiraciones retributivas son menores que las de los españoles. Y, si ello no es posible, pues no se contrata y santas pascuas. O, todo lo más, se emplea irregularmente.
Es la pescadilla que se muerde la cola. El debate no consiste en plantear si la capacidad laboral de este país es suficiente para absorver el importante flujo migratorio al que estamos asistiendo. Lo primero que hay que hacer es ordenar, de una vez por todas, nuestro mercado laboral y acabar con la picaresca que se produce desde tiempos inmemoriales en ese mundo. Mientras esto no ocurra, no habrá nada que hacer. Seguirán existiendo ciudadanos españoles que viven del cuento e inmigrantes sin papeles a los que, tarde o temprano, se acabará por aceptar.
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