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Para entender el proceso venezolano (I)
Doménico Chiappe
18/08/2004
La victoria de Hugo Chávez en el referendo que pretendía revocarlo ha sido cuestionado por la oposición y avalado por los observadores internacionales. ¿Por qué se habla de fraude? ¿Por qué no puede haber conciliación entre las dos mitades en que el ex teniente coronel ha divido al país americano? Tal vez el asunto de fondo no sea la celebración de un plesbiscito. Al fin y al cabo, incluso Sadam Hussein celebró unos días antes de la invasión. Podría no encontrarse tampoco en la presencia de Chávez. El meollo del descontento podría ser la inexistencia de poderes nacionales que contrarresten el hegemónico poder presidencial, que deja sin instancias democráticas a quienes adversan al mandatario. Lo que sigue en este artículo son algunas claves para entender el proceso político que se ha vivido en Venezuela:
A partir del triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998, en Venezuela comenzó a suceder un golpe de Estado moderno. Según asegura Curzio Malaparte en Técnica de Golpe de Estado (Plaza y Janés, 1965), el moderno golpe de Estado se preocupa por mantener una apariencia de legalidad. El primero de estos golpes lo realizó Bonaparte en la Francia de finales del siglo XVIII. “El arte de conquistar el poder le parecía un arte esencialmente militar: la estrategia y la táctica de la guerra aplicada a la lucha política”, escribe Malaparte: “Desde el año de 1797 empieza a tomar cuerpo en su espíritu la idea de que el instrumento del golpe de Estado debe ser el ejército, pero que este instrumento debe parecer que obedece a las leyes, que su acción debe conservar todas las apariencias de la legalidad. Esta preocupación por la legalidad revela en Bonaparte la formación de un concepto del golpe de Estado distinto de los ejemplos clásicos”.
Dos siglos después, los golpes de Estado utilizan el mismo camuflaje. Modificar la legislación vigente, mediante “revoluciones parlamentarias”, plebiscitos y referendos. Una cita del escritor Antonio Tabucchi resume la paradoja. “La debilidad y grandeza de la democracia es que quien llega al poder gracias a unas normas democráticas, puede cambiarlas”.
En el caso venezolano, adueñarse de las instituciones del país, sin apartarse de la sombra de la legalidad, requirió de un procedimiento que necesitó tres años para completarse. Hugo Chávez lo definió, durante una rueda de prensa en Francia (en Venezuela no acepta preguntas y se limita a monólogos transmitidos en cadena nacional) como un “proceso genuino y democrático”. En contraposición, el intelectual Arturo Uslar Pietri, lo definió como una “dictadura legal”, tal como lo declaró poco antes de morir.
¿Cómo se realizó la disolución de la independencia de los poderes públicos? En febrero de 1992, cuando Hugo Chávez fracasa en el intento de golpe de Estado, realizado contra la presidencia de Carlos Andrés Pérez, es apresado. En la cárcel lo visitan una serie de figuras relevantes de la vida política y social del país, que se dedican a instruir al subversivo para una futura contienda política.
Un indulto presidencial de Rafael Caldera lo libera. Después de abogar infructuosamente por la abstención electoral, lanza su candidatura a la presidencia. La plataforma política necesaria la erige Luis Miquilena, ex militante de izquierda, de bajo perfil.
La única promesa electoral de Hugo Chávez durante su campaña de 1998 consiste en acabar con el orden instituido, por medio de la convocatoria a una “Constituyente”: la redacción de una nueva constitución.
El Poder Legislativo, dominado por la oposición, rechaza cualquier idea de reformar la Constitución. El Poder Ejecutivo solicita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), máxima instancia judicial, que legalice un referendo para aprobar la realización de elecciones de una “Asamblea Nacional Constituyente”. La CSJ asegura que la “Constituyente” rompería el hilo constitucional y niega la petición. La convocatoria a un referendo para aprobar o no la conformación de una “Constituyente” se realiza mediante un sorpresivo decreto presidencial.
Mientras suceden las impugnaciones contra el decreto, Chávez labra su imagen pública exacerbando el nacionalismo. Se rodea de símbolos: pintura de Simón Bolívar, uniforme militar, boina roja, bandera nacional. En lo económico, crea un Fondo Unico Social, gerenciado por militares, que centraliza los recursos para obras sociales, antes descentralizados y manejados por cada territorio, que representa una gran porción del presupuesto de los gobiernos regionales.
La CSJ decide a favor del decreto presidencial. La “Constituyente” se convoca. La decisión de los magistrados, además, resuelve que la asamblea constituyente tendrá carácter “originario”, es decir, no tendrá que sujetarse a leyes anteriores, ni siquiera a la Constitución vigente. La “Constituyente” no sólo redactará una Constitución, sino que disolverá las instituciones y creará unas nuevas. El gobierno gana con 120 escaños.
El Poder Ejecutivo decreta la “Emergencia Constitucional”. “Hay una crisis económica, social, cultural e institucional y es imprescindible aplicar medidas urgentes en todos los poderes”, asegura Chávez. Con esta carta se sustituyen jueces en todas las instancias. La CSJ avala la actuación de la ANC, que también decreta la regulación del Poder Legislativo y asume las funciones del Congreso, que es disuelto.
Se redacta la nueva constitución, que aumenta el poder de la figura presidencial: Decidirá los ascensos militares (antes supeditado al estudio del Senado) y nombrará al Vicepresidente, a quien también podrá remover. Así se tergiversa la finalidad primordial de una Constitución, que es controlar el poder, cualquier poder. Anecdótico resulta el cambio de nombre que sufre el país, que se llamará “República Bolivariana de Venezuela”. Comienza la campaña para la aprobación de la constitución redactada, que gana Hugo Chávez con gran abstención.
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