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Seguridad y defensa
Ramón Pi
16/08/04
Una de las características identificativas de los socialistas en particular, y de la izquierda en general, es la propensión a la intervención de los poderes públicos en la vida de la gente: en las vacaciones, en los ahorros, en la educación de los hijos, en la salud, en la vivienda, en la alimentación, en el tráfico rodado..., y últimamente también en el lecho conyugal. Es característica de la izquierda esta intromisión sistemática. La derecha, los conservadores clásicos de la Europa continental, participan mucho de esta mentalidad, y, aunque en materias económicas parece que van ganando las posiciones liberales debido a la experiencia desastrosa de los Gobiernos de la izquierda, sólo éstos buscan seriamente la disminución del tamaño del Estado.
Pero incluso los liberales más combativos reservan al Estado la responsabilidad de la seguridad, tanto interior como exterior, de la población: la Policía y las Fuerzas Armadas son los sectores en que el protagonismo y el dinero públicos no se discute. Pues bien, este nuevo Gobierno nos obsequia con un secretario de Estado de Seguridad que nos dice que "debido a la falta de estructura de los responsables, probabemente nunca llegaremos a determinar hasta el último extremo quién intervino en la organización de los atentados” del 11 de marzo. La verdad es que no hay mucho lugar para la sorpresa, por dos razones: la primera es que ya calificó los disturbios de hace unos días en el País Vasco no como terrorismo callejero, sino como "una forma desagradable de diversión"; la segunda es que el secretario de Estado de Seguridad proviene de la Presidencia de la Unión Progresista de Fiscales, y, como se sabe, los progresistas tienen de la seguridad una idea digamos peculiar y creativa. En las democracias, claro está; en las dictaduras progresistas, la cosa ya cambia.
OTR/PRESS
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