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La sospechosa financiación
José Cavero
12/08/2004
El Tribunal de Cuentas, de cuando en cuando, señala las irregularidades que observa en las cuentas de los partidos. Se salvan pocos de la comisión de tales prácticas no modélicas. Desde hace diez años, se viene planteando la necesidad de determinar de una vez la clarificación de esas cuentas sobre las que siempre ha pesado la sombra de las dudas y las sospechas. El ciudadano lo ignora casi todo sobre la vida económica de los partidos: cuánto perciben, de quién o quienes, personas físicas o sociedades anónimas, por qué conceptos, o a cambio de qué... Y tampoco se sabe cuánto gastan los distintos partidos, en qué y por qué, o qué deuda acumulan y quién la paga o quién la sortea con la amabilidad de determinados bancos. Ese es un agujero negro de la democracia presente, que más de una vez se ha intentado solventar, pero siempre, hasta la fecha, en vano.
Ahora hay una razón para regresar sobre esta materia, la consulta nacional que se pretende llevar a cabo el próximo mes de febrero sobre la Constitución Europea. El gobierno ha anunciado su propósito de realizar una campaña de información sobre lo que supone y significa ese texto, que querría que los ciudadanos españoles ratificaran con su voto afirmativo. Y quisiera que en esa campaña participaran también, activamente, los distintos partidos. Pero efectuar esa campaña explicativa requiere afrontar unos gastos que el gobierno desearía que se repartieran entre los referidos partidos políticos. El PSOE tiene el recuerdo histórico de otro referéndum, el que Felipe González convocó sobre la permanencia en el seno de la OTAN, que tuvo unos elevadísimos costes para el partido. Hasta el punto de que hubo de endeudarse más allá de lo razonable y trató de salir de aquellos números rojos con procedimientos nada santos: Filesa y otras financiaciones irregulares nacieron por entonces.
Pues bien, ahora y en este punto parece que se observan fuertes discrepancias: el PP no es partidario de efectuar esos gastos extraordinarios de dineros estatales, por más que haya anunciado su propósito de solicitar el voto a favor de ese texto constitucional. El propio Rajoy se ha mostrado contrario a financiar con fondos públicos la campaña de los partidos para la consulta. Entiende que no es coherente ese gasto mayor con el esfuerzo que vienen haciendo los partidos para reducir los gastos que suele plantear cada una de las campañas electorales, siempre abundantes y nunca concentradas en una sola fecha para rebajar costes. Rajoy es de la opinión de que bastan como plataforma explicativa los distintos medios informativos. El Gobierno, por el contrario, entiende que debiera efectuarse una divulgación amplia del texto constitucional y algunos debates públicos, de manera que cualquier ciudadano tenga acceso a información suficiente sobre lo que “se juega” en la consulta, para estimular la participación.
Comprobada la diferencia de opiniones, los socialistas plantean la conveniencia de reformar a fondo la legislación vigente para resolver definitivamente esta cuestión de la financiación de los partidos en profundidad. Año tras año se plantea esa necesidad y se pospone para mejor ocasión. ¿Habrá esta vez coraje político suficiente?. El gobierno muestra su confianza de que antes de fin de año se logrará, finalmente, un acuerdo amplio sobre la cuestión de la financiación de los partidos que sea mucho más amplio que la subvención concreta y específica de la campaña de la Constitución europea.
OTR/PRESS
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