El PSOE advierte que Ibarretxe podrá insistir mucho en su Plan, pero "no tendrá efectos sin la aprobación de las Cortes" El PSOE sigue advirtiendo al lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, que, a pesar de su talante dialogador, su plan soberanista solo puede ser aprobado por las Cortes Generales, algo que ya auguraron que no pasaría. La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez, ha señalado que el lehendakari "podrá estar declarando todo el tiempo que quiera" que el futuro del plan soberanista depende de la voluntad de los vascos, pero ha advertido de que "solo podrá tener efectos jurídicos sobre la ciudadania si cuenta con la aprobación de las Cortes".
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La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez, ha declarado que el lehendakari "podrá estar declarando todo el tiempo que quiera" que el futuro del denominado Plan Ibarretxe sólo depende de la voluntad de los vascos, pero que "los procedimientos constitucionales son absolutamente inviolables y sólo podría tener efectos jurídicos sobre la ciudadanía, la vasca y la del conjunto del Estado, si cuenta con la aprobación de las Cortes Generales", algo que distintos miembros del Gobierno socialista han subrayado que no sucederá.
"Sus declaraciones se quedarán en simples gestos políticos de cara a determinadas personas que le pudieran apoyar, porque las reglas constitucionales no se pueden saltar y el señor Ibarretxe, que es una parte del Estado como presidente de una comunidad autónoma, pero que no es el Estado, no puede ni siquiera plantear el contravenir dichos procedimientos constitucionales", añadió.
Asimismo, la dirigente socialista apuntó otro problema "jurídico-político" para poner en marcha el Plan Ibarretxe, como es que "la Unión Europea jamás permitiría una desagregación de un Estado, tal y como se está planteando de forma hipotética" en el citado proyecto soberanista.
En todo caso, subrayó que un problema fundamental del texto auspiciado por el lehendakari es que "pretende imponer una determinada manera de ser vasco, y eso no se puede imponer a un pueblo, sobre todo cuando por la sucesivas convocatorias electorales se puede concluir que la mitad de la población vasca se siente más identificada con los planteamientos del Partido Nacionalista y la otra mitad con otros planteamientos". "Lo que no puede hacer es tratar de imponer una forma de sentirse vasco", precisó.
También abundó en la idea de que el Plan Ibarretxe, al plantear una cierta soberanía de Euskadi, "va contra el sentido de la historia y contra la corriente histórica actual". "Cómo puede hoy en día una comunidad plantear subsistir de forma autónoma e independiente en un contexto internacional en el que lo que se busca es la confluencia de competencias e intereses para poder dar solución conjunta a los problemas que se plantean", precisó.
Rechaza debate semántico sobre comunidades históricas
Por otro lado, en cuanto a la propuesta lanzada por Maragall para que en la reforma de la Constitución se diferencien las comunidades históricas de las que no lo son, Trinidad Jiménez consideró un error que se entre en debates semánticos justo en un momento en el que se intentan aliviar las tensiones territoriales.
"En un momento en el que se intenta favorecer la mayor cohesión del Estado y aliviar las tensiones territoriales, empezar a entrar en debates de carácter semántico me parece un error", recalcó.
En todo caso, la dirigente socialista explicó que "hay una realidad que es que existen tres comunidades históricas que habían plebiscitado anteriormente su Estatuto de Autonomía durante la República y que, por tanto, tienen ese carácter, que de hecho la propia Constitución recoge, sin citarlas expresamente, ya que habla de regiones y nacionalidades".
"La diferencia es cierta, pero que haya ahora que hacer mención expresa de ello ¿tiene sentido? Yo creo que tampoco tendríamos que empeñarnos tanto en las discusiones semánticas", concluyó.
Koplowitz sube al 43% su participación en FCC e Ibersuizas, Cartera Deva y Peugeot se reparten un 9,4%
Esther Koplowitz, primera accionista de FCC, ha aumentado su participación en la empresa al 43 por ciento, tras la salida del accionariado de la sociedad francesa Veolia. las sociedades Ibersuizas, Cartera Deva y Peugeot se repartirán otro 9,4%.
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La empresaria y primera accionista de FCC, Esther Koplowitz, ha alcanzado un acuerdo para reestructurar el accionariado de la constructora una vez materializada la salida del mismo de la sociedad francesa Veolia, por el que Koplowitz eleva al 43% su participación directa en el grupo y las sociedades Ibersuizas, Cartera Deva y Peugeot se repartirán otro 9,4%.
En virtud del acuerdo, Acciona se convierte en segundo máximo socio de su competidora FCC, dado el 15% del capital social que la compañía de la familia Entrecanales actualmente controla.
En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FCC asegura que el convenio garantiza a Koplowitz "mantener el control que ya ostentaba" tanto sobre FCC como sobre B-1998, la sociedad instrumental por la que la empresaria y Veolia canalizaban su participación conjunta del 52,6% de FCC. Esther contaba con el 51% de esta sociedad de inversión y la francesa el 49% restante.
De esta forma, FCC descarta que la salida de Veolia de FCC suponga un cambio en la estructura de poder en el grupo que, según la legislación vigente, obligue a Koplowitz a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% del capital, tal como en su momento sugirió Acciona.
El acuerdo alcanzado, que cierra los cuatro meses de negociaciones iniciados cuando el pasado mes de marzo Veolia anunció su deseo de salir de FCC, se ha realizado en distintos pasos y a través de B-1998, que seguirá controlando el 52,6% del capital de FCC.
Operación en tres pasos
En primer término, Koplowitz ha adquirido a Veolia el 49% de B-1998 (25,7% de FCC) con que contaba, por 916,32 millones de euros, esto es, a 28,6 euros por título. Este precio es un 2,2% inferior al cierre de los títulos de FCC ayer miércoles en Bolsa y supone valorar al conjunto del grupo en 3.734,23 millones de euros.
Posteriormente, la empresaria ha elevado su participación en B-1998 desde el 51% actual hasta el 82%, con lo que amplía al 43% su control directo en FCC, y ha vendido el 18% restante del capital de la sociedad instrumental (el 9,4% de FCC) a tres nuevos socios al mismo precio abonado a Veolia.
En concreto, un 'holding' integrado por Ibersuizas e Inversiones San Felipe se ha hecho con un 7,83% de B-1998, equivalente al 4,1% de FCC que, al precio de compra venta pactado, supone una inversión de unos 153 millones.
Asimismo, Cartera Deva se ha hecho con un 4,47% de B-1998, que representa un 2,34% de FCC y que, dado el precio acordado, supone un importe de unos 88 millones, mientras que Simante, sociedad de la familia Peugeot, contará con el 5,73% de B-1998 (un 3% de FCC), tras una inversión de 112,02 millones.
El acuerdo alcanzado otorga a estos tres nuevos socios el derecho de nombrar, en conjunto, un máximo de cuatro miembros en el consejo de administración de FCC y reserva a Koplowitz la capacidad de nombrar a la mayoría de consejeros, de designar al presidente y consejero delegado de la constructora y a dos tercios de su Comisión Ejecutiva.
'Pay-out' del 50%
Asimismo, el convenio firmado otorga a los nuevos socios garantías de mínima rentabilidad a su inversión y a Koplowitz el aval de que los estos accionistas permanezcan en el capital de FCC durante al menos cinco años.
El primer término se facilitará a través del compromiso de la empresaria de que el 'pay-out' (parte del beneficio que se destina a pago de dividendos) de FCC será de, al menos, un 50%.
El segundo aspecto se concreta a través de un acuerdo sobre opciones de compra y venta de participaciones en unos plazos y a unos precios determinados.
Así, Koplowitz contará con una opción de compra sobre las participaciones de los tres nuevos accionistas durante un plazo máximo de doce años desde la firma del presente acuerdo y a un precio superior al de mercado si la ejecuta antes de cinco años.
De igual forma, los nuevos accionistas de FCC contarán con una opción de venta en el momento en que se cumplan cinco años desde la entrada en FCC en el caso de Peugeot y en un plazo de seis años para el resto de los nuevos socios. En ambos casos su eventual salida se realizará en condiciones de mercado.
Por último, Koplowitz y los nuevos accionistas de su constructora se han comprometido a "consensuar" ciertos aspectos de la gestión de la empresa, tales como un eventual traslado de su sede social al extranjero, la supuesta entrada en nuevas actividades no relacionadas con construcción, servicios, cementos e inmobiliaria; fusiones o escisiones, y el endeudamiento, entre otros aspectos.
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