El Gobierno plantea una subida salarial del 3,2 por ciento en 2005 para 2,5 millones de empleados públicos
El Gobierno ha planteado una subida salarial del 3,2 por ciento en 2005 para los 2,5 millones de empleados de las distintas administraciones territoriales, según anunció hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras la reunión mantenida esta tarde con representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Redacción/diarioDirecto
Este incremento salarial incluye la previsión oficial de inflación para 2005 (2%), más el 0,5% de la masa salarial bruta de los empleados públicos de la Administración General del Estado para la dotación del fondo de pensiones, y un 0,7% adicional para la paga de productividad (pasaría de representar el 40% actual de la nómina mensual de los empleados públicos al 60%).
"Estaríamos dispuestos a ir complementando las pagas extraordinarias hasta que sean exactamente iguales a las del resto de trabajadores, el cien por cien del sueldo", afirmó Jordi Sevilla.
El ministro explicó en rueda de prensa que existen "márgenes escasos" para una posible variación de esta propuesta retributiva, que será comunicada esta misma tarde a las organizaciones sindicales para su negociación en el mes de septiembre en el seno de la Mesa General de la Función Pública.
Según Sevilla, se trata de la primera vez que el Gobierno se reúne con representantes de las comunidades autónomas, la FEMP y los sindicatos, en lo que calificó de "ejemplo práctico de co-gobernancia". Sevilla expresó además su voluntad de que el año que viene sean todas las administraciones públicas las que, conjuntamente, presenten la misma oferta a todos los representantes de la función pública.
Hasta ahora las competencias en esta materia son exclusivas del Gobierno central, y la decisión que se adopta es vinculante para el resto de administraciones públicas, pero el ministro subrayó que el Gobierno "ha querido empezar un proceso de información, de contraste de opiniones y de intercambio de posiciones".
Sevilla enmarcó esta decisión en un contexto presupuestario para el año que viene que "no es boyante". "Tenemos restricciones importantes, entre otras como consecuencia de lo que ido aflorando como déficit y que no estaba previsto en los presupuestos del Gobierno anterior", explicó.
Respecto a la dotación del fondo de pensiones, Sevilla destacó que "sigue sin ser una cuantía importante", pero que la idea es ir incrementándolo de forma acumulativa con los años de tal manera que en el momento de la jubilación los funcionarios tengan derecho a su pago por clases pasivas y a este complemento de pensión.
"Esta subida afectará a 500.000 funcionarios de la Administración General del Estado y otros 2 millones que se reparten entre comunidades autónomas y FEMP", precisó Sevilla, quien estimó que la cuestión retributiva no es la única que se debe negociar, sino que en la conferencia sectorial de la Función Pública, que se convocará en septiembre, también se van a ir "poniendo encima de la mesa otro tipo de mejoras en la carrera profesional de los funcionarios y en cuanto a la formación".
Subrayó que en esta conferencia sectorial también se planteará la ley de agencias y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas y Servicios Públicos. "De verdad queremos dar participación en los principales proyectos de modernización y mejora de la función pública que tiene en cartera este Gobierno", explicó, y reiteró su compromiso de ser el ministro que apruebe el estatuto de la función pública al final de la legislatura.
En cuanto a cómo han acogido la información las comunidades autónomas, Sevilla reconoció que se han producido quejas sobre las "formas" de la convocatoria, especialmente acusándola de haberse producido de forma tardía y de haber tenido un objeto impreciso, aunque afirmó reconocer dichas críticas "con deportividad".
Convocatoria por fax y en menos de 48 horas
El consejero de presidencia y administración territorial de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que habló en nombre de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, denunció precisamente que la reunión se haya convocado "por fax y en tan siquiera 48 horas y sin una información detallada".
Dado que no han conocido hasta hoy la propuesta del Ejecutivo, Fernández Mañueco afirmó que las comunidades autónomas y la FEMP han "dejado para septiembre el fondo del asunto y la información que se nos ha trasladado", y desmintió a Sevilla al afirmar que no se trata de la primera reunión de estas características y que el anterior Gobierno llevó a cabo encuentros similares pero con carácter técnico.
"Esperamos que en septiembre la opinión de las comunidades autónomas sea escuchada", indicó, e hizo hincapié en que "no basta con el diálogo, sino que lo importante es poder llegar a acuerdos".
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