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¿Otro copago?
Paco Mora
23/07/2004
Hay una razón demográfica que explica buena parte del magnífico superávit que la Seguridad Social luce en los últimos años, lo que le ha permitido al gobierno del PP presumir de que con él las cuentas del Estado se cerraban sin déficit. Esa razón demográfica es que están aumentando más los cotizantes que los pasivos, y hoy 17 millones de trabajadores financian las prestaciones de ocho millones de pensionistas. La mayoría de los primeros proceden de la incorporación al mercado laboral los nacidos en los años setenta, en nuestro último baby boom, y los segundos del hecho de que se están jubilando los nacidos en la Guerra Civil, que fueron muchos menos.
Pero hay otros datos a tener en cuenta. Uno es la esperanza de vida, que aumentó 33 años en el siglo XX y hoy es de 78 años, mientras que la edad oficial de jubilación sigue anclada en los 65 años y cada vez se retrasa más el momento en que los jóvenes se incorporan al trabajo. Si no se replantean los parámetros de vejez y jubilación establecidos hace décadas, pronto los cotizantes crecerán menos que los pasivos y volverá el temido déficit.
Además, en España hay más de tres millones de personas que por razones de edad (también por minusvalías) no pueden valerse por sí mismas, aunque sólo medio millón reciben hoy algún tipo de ayuda pública, como teleasistencia, apoyo en el domicilio, presencia en centros de día o residencias. Es un deber social mejorar esa red de asistencia, empezando por los más dependientes o los que tengan menores rentas, y en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, acertadamente, ya se ha puesto en marcha para estudiar la creación de una prestación por dependencia en beneficio de ancianos y minusválidos. Lo malo es que, aquí desacertadamente, quieren financiarla creando una nueva cotización social, con una especie de copago adelantado (¿o será otro globo sonda como el euro sanitario catalán?).
Ninguna ayuda social es gratuita y el gobierno baraja iniciar el camino hacia la prestación de dependencia con un gravamen que le permita quedarse con el 0,1% de la masa salarial, equivalente a algo menos de 200 millones de euros anuales, cuando la SS tuvo en 2003 un superávit de 7.500 millones de euros que le permite pagar casi cuarenta veces esa nueva prestación pública, sin necesidad de otra cotización que reduzca el salario de los trabajadores y aumente el coste de las empresas. Cuando el déficit vuelva a acechar, en la SS habrá que tomar medidas de más calado que un pequeño recargo sobre los salarios. Mientras tanto, con superávit, mejor no hacer mudanza. Por ello, sí a la nueva prestación; no, al nuevo copago.
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