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Cultura ofrece a Zamora ayuda para promocionar el legado de León Felipe y Claudio Rodríguez El ministro de Cultura, César Antonio Molina, brindó esta mañana en Zamora la colaboración del Estado para la promoción y la difusión de los legados literarios y personales de los poetas Claudio Rodríguez y León Felipe. diarioDirecto 01/03/08 Molina emplazó al Ayuntamiento de Zamora, como propietario del legado del poeta León Felipe, para que explique cuál es la situación actual de las obras del escritor. El Ministerio, señaló, "tratará de ver qué se puede hacer" para seguir adelante con su promoción y su puesta a disposición de los ciudadanos.
El ministro insistió en que su presencia en Zamora responde al interés del Estado por "colaborar" con las instituciones locales y regionales en la difusión de los valores culturales y patrimoniales de la provincia y de la capital.
En este sentido, el ministro recordó las inversiones realizadas en los últimos cuatro años por Cultura. Molina enumeró las actuaciones realizadas en la Colegiata de Toro, en la Vía Romana de Camarzana de Tera y en el Puente de Piedra de Toro como ejemplos de intervención del Ministerio, "a pesar de que las competencias en esta materia ya están transferidas a las comunidades autónomas".
Colegiata de Toro
El ministro también ofreció su colaboración al Ayuntamiento de Toro para trabajar juntos en la rehabilitación y conservación de la Colegiata, templo que aseguró conocer desde hace mucho tiempo y del que aseguró es uno de los que más le han "impresionado".
El ministro de Cultura aprovechó su estancia en Zamora, donde participará a lo largo del día en diversos actos electorales, para criticar al Partido Popular por su "desafección a la cultura" y por la difícil relación que siempre ha tenido con los creadores.
Con respecto a este asunto, César Antonio Molina subrayó que la cultura es la "médula espinal de España" y la "cruzada" que el PP mantiene con este colectivo es un "suicidio".
Finalmente, el ministro se refirió al canon bibliotecario, del que aseguró es una normativa europea de obligado cumplimiento y que en la actualidad está asumido por el Estado, pero que ya está establecido que en un futuro próximo se encargarán de satisfacer de manera conjunta el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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