Andalucía es la tercera comunidad con más denuncias por tortura, según un informe de 2007 La Policía Local es el cuerpo de seguridad más denunciando, con 38 reclamaciones, seguido de la Nacional, con 26. diarioDirecto 04/07/08 Andalucía, con 67 casos y un total de 110 denunciantes, es la tercera comunidad autónoma en materia de denuncias por tortura y tratos inhumanos, según se desprende del Informe sobre la Tortura en el Estado español en 2007 presentado hoy en Sevilla por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida (ENLACE) y el Grupo 17 de marzo, asociaciones integrantes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que se encarga de la elaboración anual del informe.
En rueda de prensa, el representante de APDH-A, Valentín Aguilar, explicó que se incluyen "todos aquellos supuestos que tienen encaje en la descripción que hace la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, es decir, sobre todo aquel daño que se infrinja al ciudadano por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", concretó. Así, según recogió el informe, "un mínimo de 689 personas, que se corresponden con 319 casos, fueron objeto de tortura y/o malos tratos durante el año 2007 en todo el Estado español".
En este sentido, Andalucía es la tercera región española, sólo superada por Cataluña y Madrid, en números de casos en 2007, con 67, de los que resulta un total de 110 denunciantes, según concretó la representante del Grupo 17 de marzo, Pastora Filigrana, quien añadió que la comunidad andaluza, con una población superior a los ocho millones de habitantes, "presenta un porcentaje de 1,25 denuncias por cada 100.000 ciudadanos", dato que la sitúa en el quinto lugar de España en la relación del número de denuncias por habitantes.
Respecto a las cuerpos de seguridad denunciados, Filigrana especificó que, en el caso concreto de Andalucía, "la Policía Local está a la cabeza, con 38; seguida de la Nacional, con 26; del colectivo de funcionarios de prisiones, con 25; y de la Guardia Civil, con 18", detalló. A este respecto, el 'liderato' de la Policía Local es, a su juicio, "un motivo para la reflexión sobre la discrecionalidad de este cuerpo, que al ser tan alta puede provocar casos de torturas y agresiones", consideró.
20 muertes bajo custodia de cuerpos de seguridad
Al hilo, apuntó que "el dato más aterrador" de los referentes a Andalucía es el relativo al número de muertes que se produjeron durante el curso de 2007 bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Según el informe, se produjeron hasta 20 fallecimientos, repartidos a razón de 11 en prisión, cinco bajo la custodia de la Policía Nacional, tres bajo la custodia de la Guardia Civil y uno bajo la custodia de la Policía Local, desgranó.
Otros datos referentes a la comunidad andaluza desvelan que 15 denuncias se produjeron en Sevilla, 14 en Cádiz, 9 en Córdoba y 8 en Almería, Granada y Málaga. Además, un 32 por ciento de esas de las mismas fueron interpuestas por movimientos sociales y el 14,8 por inmigrantes, mientras que el 11,9 correspondió a presos y el 7,4 encontró su origen en conflictos derivados de accidentes de tráfico.
El balance que se desprende del informe pone de manifiesto, en opinión de Valentín Aguilar, "una realidad que no sólo afecta a países del Tercer Mundo, sino a cualquiera de nosotros y en cualquier momento", destacó, añadiendo que "aunque el número de casos y de denuncias en España no se está reduciendo, la respuesta de los políticos y los jueces respecto a este tema siempre es evasiva".
Por este motivo, afirmó que en España "no existe conciencia social del problema y esto es lo más grave, porque cualquier discusión, por ejemplo, con un policía, puede suponer un caso de denuncia y contradenuncia que puede derivar en causa penal", alertó, informando a continuación de que en Andalucía "se dictaron en 2007 seis sentencias que condenaban al menos a 11 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad", concluyó.
Por su parte, Filigrana incidió en "la necesidad de que las víctimas tengan la valentía suficiente para denunciar las agresiones por mucha que sea la dificultad para lograr sentencias condenatorias, pues para erradicar este problema en un Estado de Derecho hay que luchar contra aquellos que quieren hacerlo invisible poniéndolo sobre la mesa", finalizó. |
