Deber de colaborar

Curri Valenzuela

29/03/07

Hace mal el ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, en no revelar el nombre del funcionario policial que le hizo entrega de un informe que vinculaba el 11-M con ETA. No solo porque la Ley le exige que lo cuente, sino porque hay 190 víctimas de una tragedia cuyos herederos tienen derecho a conocer por qué murieron sus seres queridos, otros miles de víctimas que han vivido para contarlo y muchos millones de españoles que seguimos queriendo saber lo que ocurrió. Y eso pesa más que toda la molestia, comprensible, que el ex responsable de la Policía puede crear al funcionario en cuestión.

Es verdad, como dicen los sindicatos policiales, que este cuerpo está actualmente tan sometido a los dictados políticos de sus superiores que es de suponer que quien hubiera pasado ese informe a Díaz de Mera correría el riesgo de perder su empleo...o más. Este miércoles testificó en el juicio del 11-M un policía que ha estado en la cárcel por contar al diario El Mundo algo que sus jefes no aprobaron. Y tenemos los casos probados muy recientes de los policías condenados por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación y el procesamiento de aquellos peritos que alteraron los informes sobre el ácido bórico.

Son muchísimas las sospechas acumuladas desde el mismo 11-M que conducen a que siga en pié la tesis de que los actuales responsables del Ministerio de Interior han extendido una manta de silencio para evitar que conozcamos detalles importantes del por qué y el como del 11-M, desde los detalles sobre los explosivos (¿cómo es posible que no haya muestras recogidas tras las explosiones y que se hayan desguazado completamente los trenes afectados?) hasta los testimonios inverosímiles de responsables policiales tanto en la comisión parlamentaria que investigó el 11-M como en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. Precisamente por ello se hace necesario que quienes están en disposición de hacerlo aporten todas las pruebas que hacen falta para que conozcamos la verdad. Si el funcionario de policía en cuestión no da un paso adelante para confesar que fue él quien entregó el dossier a Díaz de Mera, tiene que ser este quien revele el origen de su información. No le queda más remedio.

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