ÁNGEL SÁNCHEZ BLANCO, CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

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"Falta que los responsables públicos asuman el papel que les corresponde. El urbanismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio son una función pública"

Ángel Sánchez Blanco es catedrático de Derecho Administrativo. En la actualidad, imparte clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Es autor de libros como 'El sistema económico de la Constitución Española' o 'Legislación Administrativa de Andalucía Políticas Medioambiental y Territorial'. Durante la entrevista para diarioDirecto, nos anunció una primicia, la visita a Málaga durante el mes de abril del secretario de Medio Ambiente y Biodiversidad para que nos hable sobre la política general del ministerio en lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en Málaga.

Laura Rueda/diarioDirecto 21/03/06

diarioDirecto: ¿Cómo es posible que se haya aprobado la nueva Ley de Urbanismo de Valencia a pesar del informe de la Comisión Europea que desaconsejaba su aprobación?

Ángel Sánchez Blanco: El problema es más grave. Han pasado 11 años, se está aplicando con la discrepancia de muchas personas. El colectivo que ha hecho la reclamación ante el Parlamento Europeo es de 15.000 personas entre las que hay españoles y ciudadanos comunitarios, fundamentalmente ingleses y alemanes que decidieron emprender una serie de recursos administrativos judiciales ante la Administración Autonómica Valenciana y después ante el Tribunal Supremo pero que tras esos 11 años no han obtenido respuesta jurídica válida a su pretensiones y han acudido al Parlamento Europeo. El es muy grave y lo digo porque el Parlamento ha resuelto imperativamente al Estado español que hay que modificar la ley valenciana y esto sin que el Estado español haya sabido darle una respuesta. Gracias a Europa, los afectados han obtenido una satisfacción por así decirlo pero puede que hayan dejado unas lesiones en el camino. Pero todo aquel que ha sido lesionado por la ley valenciana no ha obtenido una compensación económica.

dD: Si el Estado español no responde, ¿qué ocurriría?

S.B.: El Gobierno español ha decepcionado el informe y ha comunicado a la Comunidad Valenciana que la ley hay que cambiarlo y la ha cambiado, a los 15 días ya se había hecho una aprobación del parlamento. Se ha relativizado elementos que eran el secreto de la discrepancia. Se ha buscado una afinidad con textos como el de Andalucía.

dD: ¿Qué hay de la propiedad privada?

S.B.: El derecho a la propiedad privada está reconocido en la Constitución. Lo que ocurre es que está relativizado en ese texto de la Ley valenciana. Esto ha afectado a muchos ingleses y alemanes en condición de jubilados. Esto ha sido el error de los aplicadores, han sustituido la pequeña casita unifamiliar por grandes edificaciones argumentando que es más sostenible. El caso es que no importa que no tengas dinero para otra casa, que no quieras irte de tu propiedad, que no te quieras integrar en el proyecto,… te dan el valor catastral, te lo depositan en la caja de depósitos y ahí te las veas pero te meten la máquina en la finca, vamos. Usted coja ese dinero y corra pero con ese dinero, ¿a dónde voy? No tengo alternativas. Es uno de los muchos problemas del urbanismo en este país donde, por fortuna, ha habido posiciones más equilibradas. La figura del urbanizador que llama a la ley valenciana está también en la ley andaluza pero no tan estridente. Obligan al propietario a que se integre en el proyecto urbanístico. Se relativiza la propiedad y derechos básicos.

dD: Pero puede ser que cuando yo vaya a reclamar a la Justicia y ésta resuelva, mi casa esté demolida, ¿y ahora qué?

S.B.: En el derecho español hay una cosa que nunca asimilaría el derecho inglés, mucho más sensato que el derecho continental que es el derecho ejecutivo y ejecutorio. La Administración siempre tiene la razón, si se equivoca luego indemnizará. Otra cosa es que tengamos unos tribunales organizados, que no los tenemos, que resuelvan en corto plazo, no en 11, 12 ni 13 años. Estaba anunciado que el parlamento se iba a reunir con ese asunto pero no han tenido eso que se llama pundonor profesional. Nos va a caer un palo que nos la van a dar. Pues bueno, anticípese usted, que la prensa ya le ha dado las luces. Y es que no hay esa capacidad de anticipación.

dD: Entonces, ¿cuál es el margen de actuación de la Unión Europea?

S.B.: Pero es que el Parlamento Europeo no ha entrado a conocer materia urbanística. Europa lo que le ha dicho a España es que no ha aplicado la ley de competencias porque ha permitido que un sujeto aparezca por Valencia y se fije, generalmente es un sujeto que está en convivencia con ayuntamientos, alcaldías, juntas,…, no es uno cualquiera. Siempre hay una interrelación entre ellos. En esta interrelación se les ocurre un proyecto en el que sus amigos de la gerencia de urbanismo les dice que es guay del paraguay claro está, nos viene bien a ti, a mi, a nuestros familiares, socios, amigos,…, y venga, aprobado. Pero hay otros a los que se les pueden ocurrir cosas mejores. ¿Por qué este modelo que usted tiene de sustituir casas mata por torres?Se podría sustituir casas mata por otra configuración, que pudiera implicar a instituciones públicas con no sé que alternativas, viviendas para jóvenes con no sé que régimen,…, hacer otro proyecto. Lo que la ley valenciana no ofrecía era la posibilidad de que otros pudieran entrar en liza con ese proyecto. Con esa interpretación se ha desactivadazo una ley urbanística. Pero no lo ha hecho por materia urbanística sino por ley de la competencia porque hay que recordar que la Unión Europea es una unión más económica que otra cosa.

dD: Pero, ¿es que es suficiente con que un sólo partido la apruebe? ¿Qué hay del resto de partidos? ¿No parece una operación política en cubierta que pueda tener más ramificaciones de las aparentes?

S.B.: Esa es una ley complicada en la génesis. La ley del 94 es de origen SOE pero después ha sido entusiastamente apoyada por el PP. El varapalo es a todo el arco político. Y lo más apesadumbrante es que en este país no hay tribunales que en un tiempo razonable enjuicien esto porque bueno, la mala imagen que eso presenta en Europa: ten cuidado, no vayas a España porque… Vamos, seguridad jurídica que es la premisa para que los capitales se muevan y las libras esterlinas que es lo que más vale lleguen aquí. Eso que se llama en términos castizos "chapucería" sería aplicable a este texto legal. Y lamentablemente se ha mantenido en virtud de los intereses políticos que ha y detrás de estos proyectos contra viento y marea. Está todo el arco político implicado. Y los pobres afectados luchando contra los imponderables.

dD: ¿Qué mecanismos e instrumentos tiene la población para defenderse ante este tipo de vulneraciones?

S.B.: Los recursos administrativos y ante los tribunales pero el problema está en que los tribunales administrativos que no están adecuadamente organizados. En el ámbito laboral está más organizado y en meses puedes tener una sentencia. Si se organiza esto para el trabajo que lo se organice para el común de los ciudadanos. Si la discrepancia es con un ayuntamiento, tarda años. Lógicamente, eso es un despropósito. Eso se ve muy bien cuando se analiza las plantillas de los tribunales. En el caso de Málaga, por ejemplo, hay 4 juzgados de lo contencioso y 16 de lo social. El esquema está claro. Y si en lugar de tener una sala de lo contencioso, hubiese dos o tres, bueno pues esto marcharía. Es un tema puramente organizativo. Se hace necesaria una reforma, pero eso lo sabe quien lo tiene que saber. El problema es que en el ámbito de los tribunales, ¿a quién se controla? Pues al político que lo mejor que quiere es que no lo controlen. Él se presta como político a que la jurisdicción laboral funcione pero con lo suyo, ¿qué pasa? Porque ellos se equivocan. Cuando se han empezado a crear las estructuras de contenciosos administrativos a nivel de juzgados ha sido en el año 2000. Evidentemente, los juzgados de lo social y los de instrucción existen desde hace años. Este es el motivo por el que han pasado 11 años y todavía no hay sentencia, el Supremo no se ha decidido y no ha cerrado el caso de la ley valenciana porque las cosas importantes se dilucidan en Madrid. El Parlamento le ha dado una compensación moral al obligarla a modificar ese "bodrio" legislativo. Pero indemnizaciones, pues vaya usted a saber donde se han tenido que ir las familias afectadas.

Más casos en la península

dD: Dejando de lado el caso valenciano, ¿qué hay de los hoteles que se han construido a pie de playa en pleno corazón de la reserva natural del Cabo de Gata?

S.B.: Una barbaridad que afecta al buen gusto y al sentido común. Hay que empezar a hablar de derecho cuando lo normal en la vida que es el buen gusto tiene que imperar el sentido común. No puede haber una norma jurídica que ampare una barbaridad. Si eso se ha preservado gracias a un particular que nunca toleró ni se prestó a hacer negocio resulta que le sale el grano justamente al amparo del sector público. Parece que defiende mejor un particular los valores naturales que el Estado. Eso tiene un nivel de protección máximo porque es parque natural.El efecto estético es alucinante, pasas de ver naturaleza a ver un adefesio. Lo que ha sucedido es que se ha incumplido una premisa que es de inicial pronunciamiento antes que cualquier cuestión urbanística: las costas, donde tenemos derecho a pasear sin que nada nos obstaculice. ¿Allí no se había hecho el deslinde de la zona de dominio público? Pues no. El deslinde se realiza en el mes de noviembre una vez salta el escándalo. Desde el 88 que se hizo la ley ya había habido tiempo, se podía haber terminado razonablemente en el 91. Se ha hecho el deslinde para lavarse las manos.

dD: ¿Cómo es que no se han paralizado las obras y se ha procedido a derruir toda la infraestructura?

S.B.: El problema es que ahí ha habido una inversión que ha pasado desapercibida por ser una zona muy aislada. Tiene el apoyo municipal y de la Junta de Andalucía y argumentan que esa zona únicamente puede redimirse con esa actividad. El valor del medio ambiente queda totalmente machacado. Luego ha habido cosas muy raras como el que no se pudieran hacer con el plan del parque. Ha habido una serie de errores manifiestos por parte de ayuntamiento y de junta y el que puede dirimir es el ministerio de medio ambiente. De hecho, ya ha intervenido diciendo que se han metido en el dominio público. Una vez se ha construido, hay algo que se llama letrado de parte, que estudia por qué se ha hecho el deslinde una vez se ha construido. El ministerio por lo pronto ha expropiado la zona pero un recurso y otro recurso y aún no se ha tirado. En Málaga, el ejemplo lo tenemos en los baños del Carmen. Por un asunto mal acabado ahí tenemos empantanado el asunto desde el 89.

dD: ¿Algún día los culpables irán a la cárcel o repararán el daño que han hecho?

S.B.: No se si la cárcel soluciona algo una vez está destrozado el ambiente. El problema es quién tendría que ir a la cárcel, si el alcalde, la consejera, el promotor que está detrás de los dineros,… Es difícil dilucidar quién tiene la culpa. En la cárcel no es probable que acabe nadie. Si esperaban ganar dinero con ese bodrio, va a tener dificultades para ponerlo en marcha. Ahí ya hay una lesión para los inversores que se las veían muy felices. De hecho, ya tendría ya que estar inaugurado y en la oferta turística los tour operadores. La lesión la tienen ya ahí pero el daño es para el colectivo que observaba un espacio privilegiado y ahora ven algo que los deja espeluznados.

dD: En Málaga, ¿es cierto que el Ayuntamiento está intentando urbanizar una zona pantanosa protegida conocida como el Arraijanal, situada en la desembocadura del Guadalhorce?

S.B.: Eso es el delta de Guadalhorce y sobre él está el Polígono Gualdalhorce, el aeropuerto y la urbanización correspondiente y si se inundaban esos terrenos era porque eran naturalmente inundables. El polígono y la urbanización no acertaron al hacerlo ahí. Lo que queda es una zona menos inundable que las otras. Eso fue un proyecto estrella del Primer Plan Estratégico aprobado en la época de Pedro Aparicio. Todas las fuerzas políticas, sindicales y de la universidad avalaron el proyecto. Eso ha alimentado una inversión muy importante que el problema es dar marcha atrás porque ese proyecto está para empezar. Y ahora a ver quien le dice a esos inversores que no van a cobrar. El Arraijanal es algo que implica una política ministerial distinta. Quien ha planteado el problema ha sido el ministerio de Medio Ambiente haciendo un análisis de las costas que ha planteado que de seguir así sólo habrá cemento. Vamos a conservar 50 hitos en todo el arco mediterráneo y cantábrico y a esto le ha tocado la bonoloto. Que cae un proyecto y hay que indemnizar bueno pues ya se verá pero eso queda preservado. Eso implica el fracaso de la ley de costas. La gran contradicción está en que las costas son de domino público y ahora se tiene que dedicar comprar.

dD: Murcia y Madrid son otro tipos de ejemplos. ¿Cómo se encuentra la situación actualmente?

S.B.: Madrid, sólo en el entorno de Sierra de Guadarrama tiene 60.000 viviendas en proyecto. Los recursos de abastecimiento de Madrid están en esa zona y si cargas eso con 200.000 personas cuidado con los embalses y el ambiente de la capital del Estado.

Otras cuestiones

dD: Qué ocurre, ¿que el medio ambiente sólo interesa a los ecologistas?

S.B.: Para que el país esté debidamente ordenado debería interesarnos a todos. Además el medio ambiente es un valor económico de excelencia también. Y donde está deteriorado aparece una degradación de todas las referencias. Calidad de vida, pues medio ambiente.

dD: ¿Cómo es que se les da carta blanca a los constructores?

S.B.: Falta que los responsables públicos asuman el papel que les corresponde. El urbanismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio son una función pública. Y si no tienen ideas pues les llegan por los constructores. Y si no saben ordenar por arriba, lo hacen por abajo. Y además hay una demanda. Se les debería de ocurrir a las autoridades públicas. ¿Qué pasa si no se les ocurre? Pues que llega el constructor, le enseña un proyecto que le encanta al alcalde y además por presentar el proyecto se lleva el 10% según dice la ley además de lo que el constructor le pueda da y los locales que le pueda dar y las viviendas en primera línea para los familiares. A esto se le llama convenio urbanístico.

dD: Entonces, ¿existe un vacío legal?

S.B.: No, en este caso la cosa jurídicamente está muy clara. Son las autoridades públicas las que lo aprueban. No se puede echar la culpa directamente a los promotores. Ellos tienen dinero y lo invierten.

dD: ¿Acaso es que no interesa políticamente?

S.B.: No se dan cuenta de las consecuencias de las consecuencias de lo que hacen. Los ciudadanos si se dan cuenta de lo mal que lo hacen. Ven que tienen coches magníficos, casas muy bien hechas pero no saben por dónde ir. Y lo peor no es esto, sino que hay hospitales donde puede que una ambulancia no llegue a tiempo. Las autoridades de Tokio, por ejemplo, piensan la ciudad. Las autoridades de Málaga parece que no piensan.

dD: Si se supone que nuestros gobernantes deben ser competentes y profesionales, ¿por qué ocurren estas cosas?

S.B.: El problema es más grave. Para ser concejal o alcalde no hace falta tener ningún título, con que se tenga sentido común ya basta. Se supone que tiene una serie de funcionarios públicos y letrados que en muchos casos no se les deja hacer su trabajo.En muchas ocasiones, se habla de la figura del especulador pero el promotor tiene una misión heroica porque pasa mucho tiempo desde que se le ocurre una idea hasta que se pone en marcha. Ni especulador ni nada, si algunas veces las leyes están muy bien hechas.

El ejemplo a seguir

dD: A pesar de todos estos casos, Cataluña representa el ejemplo a seguir. Se ha reservado un mayor número de hectáreas de suelo que era edificable y sobre el que ya no se puede edificar. ¿Por qué Cataluña es diferente?

S.B.: Porque tiene quizá mejores gestores. Existen áreas de mayor eficacia en la gestión y donde las autoridades en el ámbito del urbanismo parecen que saben lo que tienen que hacer y tienen un modelo, más o menos perfilado, y tienen claro que por las calles tiene que caber gente, algo que en Málaga se obvia. Parece que lo de hacer calles paralelas y que hagan de trama parece que se les ha ocurrido sólo a los catalanes. Al resto de la costa mediterránea no se les ha ocurrido copiar lo que han hecho los catalanes. Parece que los únicos accesos que han quedado han sido los de los arroyos. Primero se hacen las calles y los servicios y por último, las construcciones. Que haya abastecimiento de agua, red eléctrica,... ha costado muchos a los ayuntamientos que no han actuado mal. Porque donde no hay trama urbana y se intenta poner estos abastecimientos, ha sido una inversión desproporcionada y se podía haber hecho cómodamente y antes de.

dD: Como conclusión o valoración general, ¿qué es lo que está fallando?

S.B.: Fundamentalmente están fallando las autoridades públicas, y es triste decirlo, y el sistema jurídico que no controla las desviaciones del propio sistema público. La obligación del gestor público es adelantarse a los acontecimientos que para eso está una buena legislación que se aplica incorrectamente y que es la programación urbanística. La función del concejal de urbanismo es la de adelantarse al conflicto, ordenar, ir 15 años por delante de los demás y permitir que el empresario razonable pueda construir, desarrollar su actividad. Es lógico que haya que hacer viviendas para los jóvenes pero todo dentro de unos parámetros. Y bienvenido sea que tengamos un clima como éste y que quieran venir todo aquí, que vienen con su capacidad de adquisición. Lo que no se puede generar es un problema en un área donde hay expectativas de crecimiento. Porque justamente donde está el problema no se crece. Y el no saber regular, poner pegas y no adelantarse a eso es un problema.